Dos entidades internacionales recomendaron al Gobierno de Canadá imponer sanciones contra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y otros altos cargos de su administración por las graves violaciones de derechos humanos atribuidas al marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que ha suspendido las garantías constitucionales de toda la población.
Se trata de las ONG Human Rights First (HRF) y el Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR), que también solicitaron sanciones para «altos funcionarios militares y policiales», según un comunicado emitido este martes.
«La evidencia presentada por HRF y RWCHR al Gobierno canadiense detalla la participación de estos funcionarios en una campaña de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que ha afectado a decenas de miles de personas», indicaron en la misiva.
Amanda Strayer, asesora jurídica principal para la rendición de cuentas en Human Rights First, señaló, según la nota, que «el régimen de Bukele ha perpetrado violaciones graves a los derechos humanos a una escala que no se había visto en El Salvador desde la guerra civil, y es urgente buscar justicia y rendición de cuentas para presionar al gobierno a poner fin a esta crisis».
«Instamos al Gobierno canadiense a ejercer su liderazgo en defensa de los derechos humanos e imponer sanciones de tipo Magnitsky a los funcionarios responsables de estos abusos generalizados y atroz», añadió.
De acuerdo con el comunicado, «bajo la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, Canadá puede imponer restricciones financieras a aquellos que sean responsables o cómplices de ‘graves violaciones de derechos humanos’».
«Como artífice del régimen de excepción en El Salvador, el presidente Bukele es responsable de los abusos cometidos por funcionarios salvadoreños en la ejecución de su llamada ‘guerra contra las pandillas’ desde 2022», sostuvieron las organizaciones.
Precisaron que «otros altos funcionarios salvadoreños, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza; y el ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy, también son responsables de los abusos cometidos por las dependencias a su cargo».
«Human Rights First y RWCHR han recomendado sanciones en Canadá contra estas cuatro personas por su participación en graves violaciones de derechos humanos, siguiendo una recomendación similar que HRF hizo al gobierno de Estados Unidos en 2023», subrayaron.
Bajo este régimen, las garantías constitucionales de toda la población —del derecho a la defensa o de la inviolabilidad de las comunicaciones— se encuentran suspendidas, y la medida ha dejado más de 92.950 detenciones de personas a las que la Administración de Bukele acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
La medida, que varios analistas señalan también como un intento de silenciar a voces críticas del Gobierno de Bukele, seguirá vigente al menos hasta el 27 de septiembre, tras la prórroga 54.
Mientras tanto, las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.400 denuncias de atropellos y 554 muertes de personas detenidas bajo custodia del Estado, la mayoría con signos de violencia, según los propios informes.
