El anteproyecto de Ley de Soberanía Nacional remitido al Congreso argentino por el Ejecutivo del presidente Javier Milei, que contempla condenas de hasta 15 años de prisión para quienes lleven a cabo «campañas de desinformación» durante el enfrentamiento por las Malvinas, provocó serias alertas entre quienes defienden la libertad de expresión.
En su artículo 111, el texto propone imponer condenas que oscilan entre cinco y doce años para quienes, actuando a nombre, por encargo o con financiamiento externo, lleven a cabo acciones orientadas a “alterar procesos electorales” o a “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
Asimismo, para quienes «promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o su población».
Las sanciones ascienden a entre ocho y quince años cuando, adicionalmente, concurran amenazas, sobornos, coerción o la participación de estructuras criminales.
Milei impulsó la aprobación de esta normativa en las semanas recientes, agudizando su discurso contra el Reino Unido por las labores de compañías petroleras extranjeras, entre ellas la israelí Navitas y la británica Rockhopper, las cuales prevén iniciar la extracción de petróleo en 2028 en Malvinas, mientras se acumulan diversas denuncias en territorio argentino.
Esta situación llevó al Gobierno argentino a anunciar un endurecimiento de las sanciones para las empresas que operen en el archipiélago y a dar pasos para la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, extremo sur del país y a unos 700 kilómetros de las Malvinas, islas administradas por Reino Unido desde 1833.
Amenazas a la libertad de expresión
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) afirmó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo trasciende los límites de la soberanía y la seguridad, representando un «riesgo concreto para la libertad de expresión».
Por ello, solicitó al Congreso reevaluar el artículo para no dar lugar a un retroceso en el debate libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y restringir la crítica política y de asuntos de interés público.
“¿Cuáles serán los criterios para definir qué es manipular la opinión pública y qué no?”, cuestionó a EFE este viernes Alejandro Suárez, coordinador de libertad de expresión de FOPEA en la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez criticó en la red social X la inclusión de un tipo penal que, a su juicio, resulta “abierto e indeterminado” y podría producir un efecto disuasorio sobre periodistas, investigadores, organizaciones sociales, dirigentes políticos y ciudadanos.
«Cuando (Fernando) Cerimedo desarrollaba campañas de desinformación a favor del presidente, financiadas por la derecha global, no se percibía la misma preocupación ni denuncias», afirmó a EFE el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, centrista.
Cerimedo, estratega digital en la campaña presidencial de Milei en 2023, fue detenido en Bolivia por intento de feminicidio y es investigado por enriquecimiento ilícito; reconoció públicamente que se dedicaba a dirigir «campañas negativas» con la finalidad de dañar la imagen de candidatos y adversarios de sus clientes.
También fundador de La Derecha Diario, un portal web argentino señalado por difundir noticias falsas, ha sido vinculado a operaciones de desinformación en procesos electorales de la región.
Temor ante una supuesta herramienta de persecución política
«Su objetivo es concentrar más poder y disponer de una herramienta penal para la persecución política», afirmó Ferraro sobre las intenciones del Gobierno de Milei.
«Resulta llamativo que sea la ultraderecha la que impulsa campañas de desinformación y noticias falsas en la región», comenta Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, quien considera que la ley «es peligrosa porque cualquier protesta o campaña contra el gobierno podría quedar engullida por esa norma, destinada a controlar y censurar la información».
En los últimos dos años, organismos de derechos humanos, asociaciones periodísticas y corresponsales extranjeros han denunciado un clima de hostigamiento verbal hacia la prensa, así como limitaciones al ejercicio de la labor informativa y al acceso a la información.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fortalece las sanciones ante la explotación no autorizada de los recursos de las Malvinas y propone la creación de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional con amplias atribuciones, junto con un registro para recolectar información sobre personas y entidades sin necesidad de una causa penal previa cuando se las considere «vinculadas con el terrorismo».
El polémico artículo del proyecto se suma a que el plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado, también dependiente del propio Milei, fijó para 2025 como focos de interés a actores que pudieran “erosionar la confianza” de los funcionarios, “manipular la opinión pública” o afectar la percepción social de las políticas gubernamentales.
