El Congreso Nacional aprobó por unanimidad por un conjunto de reformas con la finalidad de robustecer las acciones del Estado frente a personas vinculadas a organizaciones consideradas terroristas. Entre las novedades se dispone que quienes sean detenidos en calidad de presuntos integrantes de esos grupos serán recluidos en prisiones de máxima seguridad y permanecerán aislados, incluso durante la etapa de trámite de su proceso judicial.
Las reformas también implican limitaciones al régimen de visitas para los privados de libertad señalados por pertenecer a estas estructuras. Además, las visitas de abogados deberán realizarse bajo supervisión de las autoridades penitenciarias, medida que, según lo discutido, busca evitar que las comunicaciones desde los centros penitenciarios sean utilizadas para coordinar actividades delictivas.
Entre los puntos aprobados se encuentra reforzar los sistemas de interferencia y control de las comunicaciones dentro de los centros penitenciarios, abarcando señales de telefonía celular y dispositivos de comunicación satelital. El objetivo es impedir que las personas privadas de libertad mantengan contacto con integrantes de estas estructuras criminales que operan fuera de los muros.
Las reformas también incorporan cambios al Código Procesal Penal. Entre ellos, se propone suprimir las medidas sustitutivas para quienes sean detenidos por su presunta afiliación a organizaciones terroristas, declarar estas detenciones como flagrantes y crear jueces especializados que atiendan exclusivamente causas vinculadas a integrantes de dichas estructuras. Las medidas persiguen endurecer la respuesta judicial y penitenciaria frente al crimen organizado.
