Desde hace más de un siglo, Estados Unidos envía un pago anual por el arrendamiento de su base en la bahía de Guantánamo, mientras Cuba mantiene, desde comienzos de la Revolución, una negativa casi absoluta a cobrarlo. Esta extraña coreografía administrativa resume un conflicto mayor: la tensión entre un acuerdo firmado bajo fuertes asimetrías y una disputa contemporánea por la soberanía. En el gesto de no depositar los cheques, La Habana encuentra una protesta silenciosa pero contundente; en el envío puntual, Washington reafirma un derecho que considera vigente.
Un arrendamiento nacido de otra era
A inicios del siglo XX, bajo la estela de la Enmienda Platt y la ocupación posterior a la guerra hispano-cubano-estadounidense, se firmaron en 1903 los acuerdos que otorgaron a Estados Unidos el uso de la bahía de Guantánamo. Aquella letra pequeña fijó una presencia militar por tiempo indefinido, con un canon anual pagadero en efectivo.
Con el Tratado de Relaciones de 1934, el marco se reafirmó: el alquiler continuaría hasta que ambas partes lo acordaran o Estados Unidos decidiera abandonarlo. Desde entonces, la base se convirtió en una constante geopolítica, imperturbable a cambios de época y de gobierno.
Los cheques que no se cobran
Tras 1959, el gobierno cubano adoptó una posición tajante: no aceptar pagos que, a su juicio, “implican legitimar una ocupación”. La Habana sostiene que aquel contrato nació bajo coacción y que su vigencia vulnera la soberanía. Se afirma que sólo un cheque fue cobrado por error en los primeros años de la revolución; el resto quedó sin uso, como archivo y como mensaje.
En el lado estadounidense, el envío anual se mantiene de forma rutinaria. Es un acto burocrático pero cargado de sentido: “cumplimos con el acuerdo”, es la frase que suele resumir la postura. El monto es simbólico en lo financiero, pero pesado en lo político.
El laberinto legal
El status jurídico de la base se apoya en tratados vigentes bajo el derecho internacional. Para Washington, la letra del acuerdo es clara: hay un permiso de uso con control “jurisdiccional” propio, aunque la soberanía última sea cubana. Para La Habana, ese matiz es insuficiente: si la soberanía es real, debe poder terminarse el arreglo de forma unilateral.
La paradoja es evidente: un contrato concebido en 1903, validado en 1934, sigue marcando el presente. “El derecho sin consenso es pura fuerza”, dirán algunos juristas; “un tratado es un tratado”, replicarán otros. Entre ambas visiones se mueve esta controversia.
El peso simbólico de un papel
Negarse a cobrar un cheque puede parecer un gesto menor, pero su función ha sido enorme. En la narrativa oficial cubana, Guantánamo es un “territorio ocupado”, y el pago anual un “anacronismo” que se rechaza por dignidad. En la estadounidense, la base es un activo estratégico con usos logísticos y de proyección marítima, más allá de la polémica sobre detenciones que marcó el siglo XXI.
Cada envío es un recordatorio de una relación atravesada por sanciones, desconfianzas y ciclos de acercamiento frustrado. La pregunta que subyace es simple y brutal: ¿quién decide cuándo termina una historia firmada en otra época?
Fechas y giros clave
- 1903: acuerdos iniciales de arrendamiento tras la Enmienda Platt.
- 1934: tratado que reafirma la vigencia y condiciones de la base.
- 1959-1960: triunfo revolucionario y ruptura política; comienza la negativa a cobrar.
- 2002 en adelante: la base adquiere otra dimensión global por su uso en detenciones.
Economía de lo ínfimo, política de lo enorme
El importe anual es, en términos económicos, casi irrisorio. Pero el valor simbólico multiplica su peso: es una firma que insiste, una caja de resonancia donde cada parte reafirma su relato. “No aceptaremos ni un centavo por tierras que consideramos nuestras”, reza la postura cubana; “mantenemos los compromisos”, insiste la estadounidense.
En la práctica, el no cobro evita abrir una puerta jurídica que pudiera interpretarse como aceptación. También mantiene la tensión dentro de cauces administrativos, lejos de una escalada de hechos consumados.
¿Qué podría cambiar mañana?
Un giro requeriría voluntad política bilateral y una renegociación explícita del estatus. Escenarios posibles incluyen un acuerdo para redefinir el uso, una compensación actualizada, o una hoja de ruta hacia la devolución. Pero cualquier paso tropezará con las realidades de seguridad regional, la política interna en ambos países y la inercia de un siglo de historia.
Mientras tanto, seguirán llegando cheques que nadie cobra y que todos leen. Papeles que pesan más que el oro: símbolos que, al negarse, dicen todo. Y que, al enviarse, lo repiten cada año.
