En El Salvador, donde el salario mínimo asciende a 408,80 dólares, el costo de la canasta básica alimentaria urbano se incrementó cerca de 5,6% durante agosto de 2026, situándose en alrededor de 264,73 dólares, frente al mismo periodo del año anterior, en un contexto de severa sequía provocada por El Niño.
Datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que el gasto mensual en alimentos básicos subió de 250,79 dólares en agosto de 2025 a 264,73 en agosto de 2026 en las áreas urbanas, lo que representa un incremento de 13,94 dólares.
En el ámbito rural, el valor de la canasta básica se situó en 189,4 dólares el año anterior y se ubicó en 189,63 al presente, apenas 0,23 dólares más, pese a que la sequía ha afectado principalmente estas zonas, donde se cultivan la mayor parte de los granos básicos.
Se calcula que el fenómeno de El Niño podría incidir en la producción salvadoreña en alrededor de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo, equivalentes al 100% de la siembra prevista para agosto y septiembre.
La canasta alimentaria comprende pan, tortillas de maíz, frijoles, carnes, huevos y frutas, entre otros productos, para una familia de aproximadamente cuatro integrantes.
De acuerdo con las cifras oficiales, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, el costo de la canasta urbana era de 202,37 dólares y el de la rural, 144,43 dólares; en la actualidad, estos valores son 30,83% y 31,29% superiores, respectivamente.
El salario mínimo vigente desde junio de 2025 en El Salvador para el sector de comercio y servicios es de 408,80 dólares; en manufactura es de 402,26 dólares, y los trabajadores del sector agrícola reciben alrededor de 272,72 dólares.
La mayor parte de los bienes de la canasta básica ingresan al país desde países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda interna; sin embargo, este año también están afectados por El Niño, que provoca sequía, calor extremo y escasez de lluvias, impactando los cultivos y la seguridad alimentaria.
Desde que Bukele asumió su segundo mandato en junio de 2024, pese a que en su momento estaba prohibido por la Constitución, las encuestas señalan que la preocupación por la situación económica ha desplazado a la violencia como el principal problema del país para los salvadoreños.
