La paradoja es nítida y cotidiana: miles de ciudadanos estadounidenses nacidos en Puerto Rico visten el uniforme, asumen misiones complejas y cargan con el peso de decisiones que no han podido refrendar en las urnas. La historia es larga, los matices abundan y el sentimiento es tan patriótico como contradictorio.
Para muchos, el dilema no es teórico. Es una conversación en la mesa, una ausencia en la urna, un vacío que se nota cada cuatro años cuando el país elige a su comandante en jefe y una parte de quienes lo sirven queda fuera del conteo.
“Cumplimos el juramento, pero no nos preguntan a quién obedecer”, dice un veterano de la Guardia Nacional que pide anonimato. En su frase cabe un siglo de historia y una urgencia muy actual.
Historia y paradoja
Desde 1917, con la Ley Jones, las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanas de Estados Unidos. Ese mismo año, el servicio militar obligatorio alcanzó a la isla y miles de reclutas partieron a Europa. La ruta continuó por la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, y siguió en Irak y Afganistán.
El 65º Regimiento, los Borinqueneers, dejó un legado de valentía que el Congreso reconoció con la Medalla de Oro del Congreso en 2014. A lo largo del siglo, las cifras suman decenas de miles de uniformados puertorriqueños, entre filas activas, Reserva y Guardia Nacional, con tasas de alistamiento notables para un territorio de 3 millones de habitantes.
Un voto que no llega
La Constitución da el voto presidencial solo a los estados y a Washington, D.C., mediante el Colegio Electoral. Puerto Rico, como territorio, no tiene electores. Quienes residen en la isla pueden participar en las primarias partidistas, pero no en la elección general de la Casa Blanca.
Si una persona nacida en Puerto Rico se muda a un estado, vota como cualquier elector. Si regresa a la isla, vuelve la restricción. En el Congreso, Puerto Rico elige un Comisionado Residente, con voz pero sin voto final en la Cámara, un símbolo del “casi, pero no” que define la política federal hacia la isla.
Servicio y sacrificio
En bases, buques y frentes, los puertorriqueños han cargado radios, volado helicópteros, curado heridas y comandado pelotones. Han vuelto con medallas, con silencios, con historias que solo entienden quienes regresan de la guerra.
“Mis compañeros morían bajo la misma bandera”, recuerda una exsargento de ingeniería. “Nadie preguntaba de dónde eras cuando llovían proyectiles”. En esa trinchera, la ciudadanía es incuestionable; en la cabina de votación, la línea se vuelve difusa.
Debate de estatus
El tema toca fibras jurídicas, económicas y culturales. Las llamadas Insular Cases, fallos del Tribunal Supremo de principios del siglo XX, dejaron a Puerto Rico en un limbo de “territorio no incorporado”. Esa categoría permite al Congreso trazar reglas diferentes, y esa diferencia se nota en el voto y en beneficios federales.
En la isla conviven aspiraciones: estadidad, independencia o libre asociación. Los plebiscitos han mostrado mayorías ajustadas y cansancio ante promesas incumplidas. Mientras tanto, se pagan nóminas, impuestos a la seguridad social, Medicare y cuotas del costo de la defensa, pero la palanca presidencial permanece fuera de alcance.
Qué cambiaría (y qué no)
Si Puerto Rico fuese estado, tendría senadores, representantes con voto y electores en el Colegio Electoral. Las campañas llegarían con otra fuerza, y los candidatos tendrían que mirar a San Juan con la misma atención que miran a Phoenix o Atlanta. Si siguiera como territorio, solo una enmienda constitucional podría otorgar voto presidencial sin cambiar el estatus.
- Hechos esenciales: ciudadanía desde 1917, sin voto presidencial en la isla, sí voto al mudarse a un estado, representación congresional limitada y obligaciones militares plenas.
En el plano práctico, también pesan las capacidades locales: mejorar la administración electoral, garantizar acceso a información bilingüe, y abrir espacios donde los militares en servicio activo puedan participar con seguridad y sin represalias en el debate cívico.
Voces y futuro
“Quiero votar no por mí, sino por mis soldados”, comenta un oficial retirado que ahora entrena reclutas. “Si van a arriesgar la vida, merecen la última palabra sobre quién toma la decisión”.
El país continental a veces mira a la isla como un lugar lejano, turístico y tropical. Pero en los listados del Pentágono, Puerto Rico está tan presente como Kentucky o Texas. En las formaciones de la mañana, el conteo incluye apellidos boricuas, y en los murales de caídos hay velas con cintas rojo, blanco y azul.
Lo que falta, dicen muchos, es alinear derechos con deberes. Que el juramento que se presta en un cuartel tenga eco en la cabina electoral. Que la lealtad y el riesgo compartidos encuentren un sistema político que los reconozca sin asteriscos.
Hasta que eso ocurra, la contradicción seguirá viva: una comunidad que aporta sangre, tiempo y profesionalismo a la defensa común, pero que cada cuatro años contempla, desde la orilla, cómo otros eligen al jefe que puede enviarlos a la guerra. “No pedimos trato especial”, dice una médica militar de Ponce. “Pedimos, simplemente, el mismo voto que defendemos”.
