La Dirección General de Supervisión del Poder Judicial mantiene abiertas investigaciones contra magistrados pertenecientes a los Juzgados de Letras del Trabajo en Francisco Morazán, tras haber recibido denuncias vinculadas a la supuesta homologación de acuerdos desfavorables para el Estado y a métodos alternativos de resolución de disputas.
Las denuncias fueron recibidas a principios de 2026 y, debido al volumen y la complejidad de las actuaciones, en estos momentos dos equipos de inspectores analizan más de cincuenta expedientes, vinculados principalmente a resoluciones dictadas en 2024 y 2025. Entre los procesos examinados figuran transacciones que presuntamente podrían contradecir la jurisprudencia de una Sala y las decisiones de la Sala de lo Constitucional.
Del mismo modo, la investigación abarca la homologación de mecanismos alternos de solución de conflictos, incluyendo laudos arbitrales, conciliaciones y arbitramentos, así como las diligencias llevadas a cabo para su respectiva homologación. Los inspectores también recogen declaraciones del personal jurisdiccional y del personal auxiliar que podría encontrarse vinculado a los expedientes evaluados.
La indagación surge a raíz de una solicitud formulada por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo a la Supervisión General para revisar estos expedientes. En caso de hallarse indicios de responsabilidad, se ha advertido que lo actuado podría ser remitido al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes. Hasta el momento se trata de un proceso en curso y no existe una resolución oficial que determine la responsabilidad de los jueces mencionados.
