El cierre del TPS para El Salvador se oficializó este 9 de septiembre, poniendo fin a más de veinte años de vigencia continua para salvadoreños en los Estados Unidos.
Lo que debes saber:
Cuscatlecos en vilo
La decisión dictada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) priva a un grupo estimado de entre 170 mil y 200 mil salvadoreños que vivían de forma legal en el país norteamericano de su permiso de empleo y de la protección frente a la deportación.
Pese a las gestiones de legisladores demócratas y la estrecha alianza política con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, la Administración de los Republicanos decidió no renovar el beneficio Estatus de Protección Temporal (TPS).
La acción forma parte de una ofensiva más amplia promovida por el presidente Donald Trump contra el programa humanitario creado originalmente en 1990 para acoger a víctimas de conflictos armados y desastres naturales.
Desde el inicio de su mandato, la actual administración ha ido desmantelando progresivamente el TPS para más de una decena de países, afectando a casi un millón de beneficiarios internacionales. Tras las recientes cancelaciones en naciones como Honduras, Nicaragua, Haití, Venezuela y Siria, solo un pequeño grupo de países mantiene la protección activa bajo este régimen.
Cabe señalar que de los 17 países que previamente gozaban de algún tipo de protección para refugiados, actualmente solo quedan tres: Ucrania, Líbano y Sudán.
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La explicación oficial de la Casa Blanca sostiene que el programa fue creado con un carácter estrictamente transitorio y que las circunstancias extraordinarias que justificaron su adopción inicial han cambiado sustancialmente.
De acuerdo con portavoces oficiales, El Salvador dispone hoy de condiciones adecuadas para acoger a sus compatriotas. Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes y ONGs sostienen que el país centroamericano sigue enfrentando severas carencias socioeconómicas, a las que se suman cuestionamientos internacionales respecto al régimen de excepción vigente.
¿Qué pasará con ellos?
La finalización del programa no implica una deportación inmediata y masiva a partir del 10 de septiembre, pero sí sitúa a los afectados en una situación de gran vulnerabilidad.
Al caducar automáticamente su permiso de trabajo ligado al TPS, y si no disponen de trámites migratorios paralelos (como asilo pendiente o peticiones familiares), empezarán a acumular estatus irregular en EE. UU., enfrentando posibles sanciones de residencia y expulsiones.
Esta medida plantea, además, un serio dilema social ante el riesgo de fracturas en miles de hogares asentados en el país. Se estima que más de 150 mil niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, con ciudadanía estadounidense, tienen al menos uno de sus progenitores amparado por el TPS.
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Dado que los menores no pueden ser deportados pero sus progenitores pierden la legalidad, multitud de núcleos familiares quedan expuestos a la separación o al retorno forzado a una nación desconocida para sus hijos.
A nivel macroeconómico, el cese del estatus legal supone un fuerte impacto tanto para la economía estadounidense como para la salvadoreña. En Estados Unidos, los amparados por el TPS, concentrados principalmente en industrias estratégicas como la construcción, el transporte, la manufactura y los servicios, generaban una contribución económica neta superior a los 5.400 millones de dólares anuales tras el pago de impuestos. La pérdida de esta fuerza laboral golpeará a diversos sectores productivos locales de forma inmediata.
Por su parte, la economía de El Salvador se enfrenta a una amenaza directa debido a la prevista caída de las remesas familiares, las cuales representan más del 24% del PIB nacional.
La fuerte caída de estos ingresos remitidos desde el exterior podría agravar la pobreza estructural en el país, obligando al gobierno a buscar créditos extraordinarios ante organismos multilaterales como el FMI para mitigar el golpe económico.
