La violencia ejercida contra las mujeres sigue configurando uno de los retos más significativos en materia de derechos humanos en Honduras.
El recuento de 195 feminicidios, divulgado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Catrachas, reaviva una problemática que las organizaciones defensoras describen como estructural y que, aseguran, demanda una respuesta más firme por parte del Estado.
Seydi Irías, miembro de la Red Lésbica Catrachas y del Observatorio Catrachas, indicó que la magnitud de las víctimas impulsó a las organizaciones a pedir la declaración de una emergencia nacional ante los feminicidios.
La solicitud no se reduce a un gesto político. Según Irías, implica asignar recursos sustanciales para la investigación, asegurar la implementación eficaz de las leyes y reforzar las instituciones responsables de responder ante estos delitos contra las mujeres.
“Desafortunadamente siguen sumándose, año tras año, las familias que pierden a sus seres queridos, las madres”, manifestó la defensora, insistiendo en la necesidad de reconsiderar la petición de una emergencia nacional.
El impacto sobre las familias
Detrás de cada feminicidio hay una familia afectada y una comunidad que afronta las secuelas de una muerte violenta que, en numerosos casos, podría haberse evitado.
Para las organizaciones defensoras, la magnitud del problema no se limita al conteo de víctimas; también debe evaluarse el efecto que estos asesinatos generan en madres, hijos, hermanos y otros familiares de las mujeres asesinadas.
Irías afirmó que una respuesta eficiente necesita recursos suficientes para investigar los casos y asegurar que las leyes vigentes se apliquen.
La demanda adquiere especial relevancia en un contexto donde, afirman las organizaciones, endurecer las penas no ha provocado necesariamente una disminución de los crímenes ni un incremento en la justicia para las víctimas.
