Un Tribunal de Apelaciones estadounidense autorizó este martes al Gobierno de Donald Trump a reactivar a nivel nacional el procedimiento de deportaciones aceleradas, que originalmente estaba reservado para las personas detenidas al atravesar las fronteras y expulsadas sin la posibilidad de presentar sus casos ante un juez.
Con una votación de dos a uno, los tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinaron que la ampliación de este proceso al resto del país no violó los derechos de los inmigrantes.
A pocos días de iniciar su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aplicar el procedimiento, conocido como “expulsión acelerada”, a todos los extranjeros que no pudieran demostrar haber residido en el país durante menos de dos años, sin concederles una audiencia ante un juez de inmigración.
Las expulsiones aceleradas de la Administración Trump
La expulsión acelerada suele aplicarse a migrantes indocumentados detenidos cerca de la frontera sur, a quienes, por lo general, se les devuelve a México en los días siguientes a su detención.
La orden de Trump habilita a los agentes de ICE para deportar a personas detenidas en zonas alejadas de la frontera.
El juez Justin R. Walker, designado por Trump, redactó la opinión mayoritaria, a la que se adhirió la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario estadounidense.
«La cuestión no es si ciertos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal…», escribió Walker en la opinión mayoritaria.
Victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca
La decisión representa una derrota para las entidades defensoras de los derechos de los migrantes y, al mismo tiempo, una victoria para la estrategia migratoria de la Casa Blanca, que fue impulsada por una demanda presentada por Make the Road New York, la cual sostuvo que la orden de Trump era inconstitucional por vulnerar el derecho al debido proceso.
En ese sentido, Walker afirmó que la directriz del presidente Trump no priva a los extranjeros de “una oportunidad sustancial de ser oídos”.
El juez Robert L. Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), escribió en su voto disidente que ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían logrado desvirtuar que, al aplicar esa política, se habían deportado a varias personas que llevaban más de dos años en el país.
Supremo respalda a Trump sobre autoridad para deportar a residentes permanentes
La Corte Suprema respaldó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump en un fallo relacionado con la autoridad del Ejecutivo para deportar a inmigrantes con estatus de residencia permanente.
La sentencia, con seis votos a favor y tres en contra, responde a la demanda presentada por Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo la residencia permanente legal en 2007 y fue sometido a un proceso de deportación tras ser acusado de falsificación de prendas en 2012.
Antes de ser juzgado, Lau salió temporalmente de Estados Unidos, pero al regresar no fue admitido como residente permanente; se le permitió ingresar bajo libertad condicional debido a la acusación que pesaba en su contra.
El caso
Tras declararse culpable del cargo de falsificación, el Gobierno de Estados Unidos inició un procedimiento de expulsión facilitado por estar bajo libertad condicional.
En su demanda, Lau sostuvo que el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lo clasificó de esa manera excedió su autoridad, ya que en ese momento él solo enfrentaba una acusación y no una condena.
En su fallo, el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas señaló que los funcionarios fronterizos no tenían la obligación de demostrar, «con pruebas claras y convincentes», que Lau hubiera cometido un delito, lo que implicaría la pérdida de su residencia.
Edwin Rolando Amaya
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