El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, imponiendo nuevas restricciones a quienes han sido condenados por agresiones dentro del ámbito familiar. La propuesta se discutió en un momento en que el Sistema Nacional de Emergencias 911 reportó más de 40.000 denuncias en 2025 y al menos 183 detenidos durante los primeros meses de 2026.
Las modificaciones restringen derechos y actividades de quienes se les declare culpables de ejercer violencia contra sus parejas o miembros de su núcleo familiar. Entre las medidas aprobadas se incluyen la prohibición de obtener una licencia de conducir, de adquirir o portar armas de fuego y de postular a cargos públicos.
Las reformas también contemplan mecanismos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las autoridades, entre ellos sistemas de monitoreo electrónico para garantizar que la persona se mantenga alejada de las víctimas.
Un registro de exclusión
Los agresores quedarán registrados en un registro especial o “lista de exclusión”, herramienta enfocada al seguimiento institucional de los expedientes y a disminuir las probabilidades de reincidencia.
Durante el debate, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, defendió la iniciativa y afirmó que el país debe adoptar medidas más contundentes ante un problema que continúa afectando a miles de mujeres.
En las deliberaciones se informó que más de 40.000 reportes de violencia intrafamiliar ingresaron al sistema de emergencias durante 2025, lo que representa un promedio de más de 100 denuncias diarias en todo el territorio.
A ello se suman 183 detenciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones en los primeros meses de 2026, a partir de denuncias presentadas por víctimas, parientes o testigos.
Para expertos en seguridad ciudadana, estos indicadores muestran que la violencia en el hogar continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para mujeres, niñas y adolescentes en Honduras.
La psicóloga Sandra Rivera sostiene que las agresiones físicas suelen estar precedidas por episodios de violencia psicológica, amenazas, control económico o intimidación, conductas que en muchos casos permanecen invisibles durante largos periodos antes de convertirse en hechos de mayor gravedad.
La conexión entre la violencia y los femicidios
Uno de los argumentos centrales que respaldó la aprobación de estas reformas fue la relación entre la violencia intrafamiliar y los femicidios.
Durante la sesión legislativa, varios integrantes del Congreso señalaron que numerosos asesinatos de mujeres tienen antecedentes de agresiones previas en el hogar que no se denunciaron o que no obtuvieron una respuesta eficaz de las instituciones.
La aprobación llega días después de que el Congreso impulsara reformas para endurecer las penas por femicidio, que podrían llegar a 60 años de prisión en los casos más graves.
Analistas consultados sobre estas medidas estiman que fortalecer las sanciones podría ayudar a enviar un mensaje de mayor rechazo a la violencia contra las mujeres, aunque advierten que las modificaciones legales por sí solas no resolverán el problema.
Defensores de derechos humanos señalan que uno de los grandes retos continúa siendo la denuncia a tiempo.
Diversos estudios sobre violencia de género señalan que muchas víctimas encuentran obstáculos para acudir a las autoridades debido al miedo, a la dependencia económica, a las amenazas de sus agresores o a la desconfianza en el sistema de justicia.
Por ello, los especialistas recomiendan complementar las reformas con servicios de apoyo psicológico, asesoría legal, refugios temporales y campañas continuas de sensibilización dirigidas tanto a mujeres como a hombres.
También subrayan la importancia de asegurar que las medidas de protección dictadas por los tribunales sean supervisadas de forma eficaz para evitar nuevos episodios de violencia.
