En tanto la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) afrontó la contienda electoral general sin la partida presupuestaria especial que el Congreso dejó de aprobar, en estos días la élite política impulsa una prórroga adicional de plazos y la suspensión temporal de las sanciones para quienes incumplieron su deber legal de rendir cuentas.
Los reportes sobre el financiamiento de la actividad política no se reducen a un trámite burocrático cualquiera. A través de ellos se expone la manera en que se emplean los recursos públicos financiados mediante deuda política, quiénes aportan a las campañas, cuánto capital circula y qué mecanismos de control existen para impedir que fondos de procedencia ilícita patrocinen procesos electorales.
Es inaceptable que, tras numerosas oportunidades para acatar la ley, se supriman las sanciones para quienes optaron por ignorar su deber dentro del plazo establecido. Presentar los informes y enfrentar las consecuencias por violar las normas son obligaciones separadas; una cosa no puede sustituir a la otra.
Con esa resolución, el Congreso Nacional transmite al país una señal arriesgada: que el incumplimiento de la ley carece de réplicas en el ámbito de la política.
Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), esta determinación alimenta una cultura de privilegios que resulta incompatible con los principios de transparencia e integridad que Honduras debe reforzar y promover.
