Una corte penal de El Salvador impuso condenas de hasta 85 años de prisión a 254 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13), luego de un proceso judicial masivo que se extendió por más de un mes y medio, según informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la FGR, los condenados forman parte de las células denominadas ‘Park View Locos Salvatruchos’ y operaban en más de la mitad del territorio del departamento de Cabañas, donde mantenían aterrorizados a los habitantes entre 2013 y 2022.
Entre los sentenciados figura el cabecilla de la célula, identificado como Eugenio Morales, conocido como «Little Pesadilla», quien recibió una pena de 85 años por los delitos de pertenencia a una organización ilícita, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga «con fines de tráfico».
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estos pandilleros desempeñaban diversas funciones que les permitían mantener el dominio y facilitar sus actividades ilícitas en distintas áreas de Cabañas», indicó la FGR, y precisó que la sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Explicó que la condena se produjo tras una audiencia única que se extendió por más de un mes y medio, en la que la representación fiscal presentó una prueba abundante.
El procedimiento legal
La FGR ha explicado que el formato de audiencia única abierta —que se comenzó a aplicar en diciembre pasado— se instituyó a partir de una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, con lo que la Fiscalía «procese de forma masiva a toda la estructura criminal en un único expediente».
«Esta modalidad permite juzgar a los pandilleros por su pertenencia a la organización, acelerando las condenas y manteniendo el proceso abierto para sumar futuros procesos de la misma clica (célula)», ha indicado.
De acuerdo con la normativa, el fiscal del caso «propondrá al juez a los imputados que irán siendo sometidos a la audiencia, en atención a la imputación de pertenencia y jerarquía dentro de la estructura, y el juez determinará su participación», esto implica que no todos los miembros de una pandilla enfrentan la audiencia al mismo tiempo, aunque sea un solo caso.
Esta reforma, de diciembre de 2023, se dio en el contexto del polémico régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y que le supuso al presidente Nayib Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato.
Esta medida, que ha dejado más de 92.000 capturas, se ha prorrogado por 51 ocasiones y también ha dejado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y unas 530 personas muertas en custodia estatal, según reportes de organizaciones humanitarias.
