El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, ha anunciado el comienzo de una indagación minuciosa respecto a la edificación de los centros hospitalarios que se iniciaron durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro.
De acuerdo con Aspra, los hallazgos iniciales resultan “alarmantes” y señalan una gestión ineficiente que podría comprometer las arcas públicas por la magnitud de los fondos que habrá que destinar para completar las obras.
La irregularidad central identificada por la Procuraduría General de la República (PGR) reside en una marcada carencia de planificación. Aspra subrayó que no hubo un presupuesto adecuado desde el inicio para afrontar estas construcciones, lo que llevó a que numerosas obras quedaran inconclusas.
“Se requerirá una erogación considerable de recursos por parte del Estado para terminar estas obras y ponerlas en operación”, alertó el funcionario, describiendo la situación de los inmuebles como compleja.
Más allá de las deficiencias estructurales y financieras, la indagación señala posibles irregularidades legales en la ejecución de los contratos. La PGR ha detectado diferencias relevantes entre los costos de construcción y el equipamiento, que no se ajustan a los parámetros de obras comparables.
Según el titular, hay indicios de sobrevaloración que tendrán que ser confirmados mediante un informe pericial técnico exhaustivo para establecer la responsabilidad última en estos proyectos.
Otro aspecto preocupante son los hallazgos vinculados a documentos administrativos. Aspra indicó que se han detectado exhortos de pago dirigidos a la caja única del Estado sin que existan demandas formales que los respalden.
Esta situación ha generado serias sospechas sobre la autenticidad de firmas y sellos en distintos documentos institucionales, lo que podría derivar en cargos por falsificación de documentos públicos y fraude administrativo.
Las secretarías de Salud e Infraestructura y Transporte (SIT) están bajo la mirada de las entidades fiscalizadoras. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya ejecuta una auditoría forense para analizar en detalle las fases administrativas de las obras.
La PGR aguarda los informes definitivos de este organismo para que el Ministerio Público pueda determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas de los funcionarios involucrados durante la administración anterior.
Para cerrar, el procurador señaló que la falta de previsión también compromete la operatividad futura de los hospitales, al no haber previsto el personal necesario ni el mantenimiento continuo que exigen.
En estos momentos, el gobierno vigente se halla ante el dilema de rescatar estas infraestructuras por fases o de asumir una inversión enorme y descoordinada. Mientras tanto, las autoridades aseguran que llevarán el proceso ante las instancias judiciales pertinentes para asegurar que el perjuicio al erario público no quede sin consecuencias.
