La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió a Honduras detener de inmediato la ejecución de más de 1,000 órdenes de desalojo dictadas contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El organismo expresó su preocupación por lo que considera una situación de gran magnitud, debido al número de familias y comunidades que podrían verse afectadas por estas órdenes judiciales.
Según Naciones Unidas, los desalojos generan especial preocupación cuando involucran a comunidades que ocupan o trabajan tierras en condiciones de vulnerabilidad y cuando existen disputas sobre la propiedad o posesión de los terrenos.
La OACNUDH instó a las autoridades hondureñas a revisar los casos y garantizar que cualquier proceso de desalojo respete plenamente los derechos humanos, así como las garantías judiciales correspondientes.
El llamado también pone el foco en la protección de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, cuyos derechos sobre la tierra y el territorio han sido motivo de conflictos durante años en distintas zonas del país.
La ONU pidió al Estado hondureño tomar medidas urgentes para evitar desalojos que puedan provocar graves consecuencias sociales y humanitarias, especialmente cuando estén involucradas comunidades enteras.
EL COMUNICADO:
GINEBRA – Honduras debe detener de inmediato la ejecución de más de 1.000 órdenes de desalojo dictadas contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras, en virtud de una nueva ley que protege las tierras agroindustriales frente a las reivindicaciones de tenencias históricas, han afirmado hoy expertos* de la ONU.
«Una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas no puede servir de base para desalojar a miles de familias,» afirmaron los expertos. «Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir.»
En virtud del Decreto n.º 107-2026, las tierras que estaban cultivando cooperativas y agricultores/as de subsistencia para producir alimentos se atribuyen, en la práctica, a actividades a gran escala de agroindustria, ganadería, energía y turismo y se dispone que no pueden ser revisadas en el marco de procesos de reforma agraria ni cuestionadas sobre la base de derechos ancestrales sobre la tierra. Según se ha informado, a 1 de julio ya se habían dictado más de 1.000 órdenes de desalojo contra miles de familias que residían desde hacía largo tiempo en esas tierras; algunas de estas órdenes ya se han ejecutado.
Los expertos expresaron que el decreto planteaba serias preocupaciones en relación con las obligaciones de Honduras en materia del derecho a la alimentación, ya que despojar a las comunidades de tierras esenciales para la producción de alimentos puede menoscabar su acceso a recursos productivos y vulnerar la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación.
«El 6 de julio, el Gobierno llevó a cabo un desalojo contra la comunidad garífuna de San Juan, en Tela (Atlántida), de un territorio ancestral que la Corte Interamericana ya habría reconocido como perteneciente a dicha comunidad,» afirmaron los expertos.
Cinco personas defensoras de los derechos humanos garífunas que fueron detenidas durante el desalojo y posteriormente puestas en libertad siguen enfrentándose a procesos penales por usurpación agravada.
El 6 de agosto, más de 40 familias campesinas fueron desalojadas de la comunidad de El Tulito, en Choluteca, en virtud del mismo decreto.
Las comunidades campesinas, según se informa, habrían sufrido actos de violencia en el marco disputas por la tierra, mientras que las personas que defienden los derechos humanos continúan enfrentando represalias por su labor legítima de promoción y protección de los mismos.
Honduras debe detener de inmediato nuevos desalojos y a consultar a las comunidades afectadas sobre todas las reclamaciones territoriales pendientes antes de proceder a cualquier otro desalojo, dijeron los expertos.
Exhortaron al Gobierno a llevar a cabo investigaciones rápidas sobre los actos de violencia ocurridos en San Juan y a aplicar íntegramente la sentencia de 2023 de la Corte Interamericana sobre el territorio ancestral de San Juan, así como todas las demás sentencias pendientes relativas a los derechos sobre la tierra en Honduras.
Los expertos urgieron a las empresas involucradas a implementar procesos sólidos de diligencia debida en materia de derechos humanos y a garantizar que las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos no se vean expuestas a riesgos indebidos, incluso mediante el uso indebido del derecho penal.
En una comunicación al Gobierno de Honduras donde los expertos plantearon estas preocupaciones, y requirieron a las autoridades a garantizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y eficaz sobre el asesinato del 21 de mayo de 20 personas en Rigores, Colón, por parte de atacantes que presuntamente vestían uniformes policiales y militares, y velar por que las personas responsables rindan cuentas. Ocho víctimas pertenecían a organizaciones campesinas que denunciaron la destrucción y confiscación de sus propiedades por parte de la policía días antes.
«No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se cierran deliberadamente todas las vías legales a través de las cuales una familia campesina, indígenas o afrodescendiente de Honduras pueda impugnar el despojo», afirmaron los expertos.
