Con un efecto directo sobre las comunidades migrantes que viven en territorio estadounidense, el gobierno federal comunicó que, a partir del primero de octubre próximo, impondrá una limitación significativa al financiamiento del programa de salud pública Medicaid para miles de inmigrantes que residen en el país con un estatus legal.
La medida afectará de forma directa a grupos vulnerables que antes tenían acceso a esta cobertura de salud global, entre ellos quienes poseen estatus de asilados, refugiados debidamente reconocidos y quienes cuentan con permisos de permanencia temporal por motivos humanitarios.
Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y especialistas en salud pública han manifestado una gran preocupación ante la implementación de esta normativa, advirtiendo que la medida dejará sin cobertura médica esencial a miles de familias, reduciendo su acceso a tratamientos preventivos y atención de emergencia en hospitales dentro de Estados Unidos.
