En las avenidas de San Salvador, el uniforme verde se ha vuelto paisaje cotidiano. Patrullas, retenes y cercos de seguridad dibujan una rutina que antes parecía excepcional. La promesa de “orden” se siente en cada esquina, y también el peso de una presencia armada que no descansa. “Hay más tranquilidad”, repiten muchos vecinos, mientras otros susurran que la calma llega con un precio alto.
Un país bajo despliegue permanente
La escena es constante: soldados frente a mercados populares, en terminales de buses, en barriadas y en carreteras. El despliegue no es solo volumen, es una estrategia que combina cercos urbanos, control de accesos y patrullaje mixto con la Policía. “La prioridad es la seguridad de la gente”, sostiene el discurso oficial, y los resultados de homicidios a la baja refuerzan ese relato.
Para el ciudadano de a pie, la diferencia es tangible: rutas antes temidas hoy se transitan con menos miedo. Comerciantes y estudiantes salen más tarde, y parques que parecían olvidados lucen llenos otra vez. Sin embargo, la expansión del rol militar en tareas de seguridad interna reaviva un viejo debate: hasta dónde debe llegar el ejército en la vida civil.
Del posguerra a la expansión reciente
Tras los Acuerdos de Paz, el país apostó por una desmilitarización relativa y por una Policía civil que liderara la seguridad pública. Con el tiempo, y frente a las pandillas, esa línea se fue difuminando. En la última década, el presupuesto, el reclutamiento y el despliegue militar han crecido de forma sostenida, apoyando planes antidelincuenciales cada vez más ambiciosos.
El punto de quiebre llegó con el régimen de excepción de 2022, que abrió la puerta a un uso masivo de tropas en barrios y municipios. A ello se sumó la construcción del CECOT, símbolo de una política de mano dura que buscó capacidad carcelaria a gran escala. “Se acabó el miedo”, insisten las autoridades, que asocian el despliegue militar con la caída de extorsiones y asesinatos.
Resultados y costos
El balance se mide en calles más transitadas y negocios que vuelven a abrir. También se mide en denuncias de arbitrariedades, capturas sin debido proceso y familias que buscan a detenidos sin respuesta rápida. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre márgenes de error inaceptables en detenciones masivas, mientras el Gobierno subraya la “paz recuperada” como prioridad histórica.
- Homicidios a la baja, según cifras oficiales, con tasas que el Gobierno presenta como las más seguras de la región.
- Despliegues de cercos en ciudades y comunidades con controles y registros sistemáticos.
- Ampliación de la capacidad penitenciaria y endurecimiento de las penas contra maras y colaboradores criminales.
- Señalamientos de debido proceso vulnerado y de impactos en comunidades pobres y jóvenes de barrios periféricos.
“Sin esto, el país no sería vivible”, se oye en el transporte público. “¿Y si mi hijo cayó por error?”, preguntan madres que recorren oficinas y tribunales. Entre el alivio por la seguridad y la angustia por la incertidumbre, se dibuja una normalidad nueva y tensa.
Qué explica el apoyo social
El respaldo se entiende por una memoria reciente de violencia cotidiana: extorsiones, “rentas” y amenazas que vaciaron barrios completos. Recuperar lo público —la cancha, la ruta, la tienda— tiene un efecto psicológico poderoso. Además, la comunicación oficial es intensa, con cifras, videos y narrativas que presentan a las tropas como “escudo” de la comunidad.
Hay un componente de fatiga: años de políticas a medias dejaron una sensación de “nada funciona”. La respuesta contundente, avalada por una mayoría electoral, reconfiguró el centro de gravedad del debate. En ese marco, la presencia militar permanente se percibe como garantía de orden, más que como una excepción temporal.
¿Hacia dónde se mueve el tablero?
Los próximos años definirán si el país consolida un esquema de seguridad con fuerte pilar militar o si reequilibra hacia la institucionalidad civil. Sostener la paz exige reglas claras de rendición de cuentas, controles a la fuerza y justicia que funcione con pruebas, no con atajos de urgencia. “Seguridad sin libertad es frágil”, advierten voces académicas.
También está el desafío de la doctrina: un ejército entrenado para guerra regular hoy opera como policía en barrios densos, con dilemas de proporcionalidad y cercanía con la población. Profesionalizar, auditar y trazar una salida ordenada del despliegue masivo será clave para que lo extraordinario no se vuelva permanente.
Por ahora, el país camina entre el alivio y la alerta. La promesa de un futuro sin pandillas convive con preguntas de fondo sobre derechos, poderes y límites. Y mientras el patrullaje sigue, cada tarde cae con el mismo ritual: botas en la acera, fusiles al hombro y un silencio que suena a control. “Dormimos mejor”, dicen muchos. Otros, en voz baja, piden que la seguridad no los deje sin voz.
