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El porvenir de miles de hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podría definirse esta semana, al estar pendiente la resolución clave de la Corte Suprema sobre la continuidad del programa y la base jurídica para su eventual cese.
El presidente de la Asociación Hondureña Estadounidense, Jay Miranda, comentó que el caso no se limita a la permanencia del TPS para Honduras: también abre una discusión constitucional sobre los límites del poder del Ejecutivo frente a la revisión judicial.
Miranda afirmó: “Estamos hablando de aproximadamente 55 mil hondureños con TPS, y el posible cese del programa tendría un impacto económico considerable para Estados Unidos; eso es exactamente lo que estará en análisis este miércoles”.
Decisión decisiva
Según el representante, el tema central que la Corte Suprema deberá dirimir es si el Poder Judicial tiene la facultad de intervenir o frenar decisiones del Ejecutivo en materia migratoria, en particular cuando se trata de terminar programas como el TPS.
Agregó: “El gobierno sostiene que estas decisiones pertenecen a la esfera ejecutiva y que los jueces no deben inmiscuirse. En febrero se canceló el TPS para más de cincuenta y cinco mil hondureños”.
El fallo, que se espera con gran atención, podría afectar también a ciudadanos de al menos 17 países que en la actualidad gozan de algún tipo de protección migratoria en Estados Unidos. El TPS funciona como una vía para que miles de migrantes trabajen y residan legalmente tras crisis en sus países de origen.
Honduras- Estados Unidos
Miranda comentó que han observado el interés del Gobierno hondureño por seguir de cerca este tema y mencionó el acercamiento con autoridades diplomáticas.
“Vemos con optimismo que el Gobierno de Asfura les está prestando atención”, afirmó.
Además, dijo que recientemente sostuvo encuentros con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Florés Bermúdez, con el objetivo de coordinar esfuerzos a favor de los beneficiarios del TPS.
“Por ello hemos puesto a disposición del embajador y de la Cancillería nuestra cooperación para asistir a nuestra gente tepesiana que en este momento se encuentra al borde”, explicó.
El representante advirtió que la incertidumbre actual genera preocupación entre los beneficiarios, quienes buscan vías legales ante la posibilidad de perder su estatus migratorio.
“En este momento nuestra gente tepesiana no está protegida. Cuando no están protegidos, se desesperan y empiezan a buscar asesoría jurídica, asociaciones, y demasiadas veces algunos abogados los estafan: no les ofrecen soluciones reales o les prometen promesas falsas”, alertó.
La decisión de la Corte Suprema podría establecer un precedente legal en Estados Unidos respecto a la intervención del Poder Judicial en las decisiones migratorias del Ejecutivo, un tema que ha estado en el centro del debate político y jurídico en los años recientes.
Edwin Rolando Amaya
Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.
