El Congreso Nacional aprobó por unanimidad este lunes una reforma al Código Penal que endurece las penas por el delito de femicidio, incorpora nuevas circunstancias agravantes y ordena la creación de órganos jurisdiccionales especializados para conocer y juzgar los casos de violencia contra la mujer en Honduras.
La iniciativa modifica diversos artículos del marco penal para reforzar las condenas a quienes cometan femicidio, añadir agravantes y establecer órganos jurisdiccionales con competencia a nivel nacional para tramitar estos casos.
Castigos más duros
Con la reforma, el femicidio seguirá tipificado como delito sancionado con penas de entre 25 y 30 años de prisión. No obstante, la existencia de circunstancias agravantes hará que la condena se sitúe entre 30 y 40 años.
Entre las agravantes incorporadas figura que el crimen haya sido antecedido por delitos sexuales, actos de tortura, privación de libertad u ocultamiento de un delito sexual.
También se añade como agravante que el responsable sea un agente del Estado que emplee su cargo, autoridad, vestimenta oficial o arma de reglamento para cometer el hecho.
Además, cuando se trate de delitos contra la vida cometidos en contextos de violencia de género o secuestros que terminen con la muerte de la víctima, el cumplimiento efectivo de las penas acumuladas podrá alcanzar hasta 60 años de prisión.
Aumento de la severidad de las penas
Las reformas también introducen una definición más amplia sobre las relaciones de poder desiguales basadas en el género, estableciendo elementos que los tribunales podrán considerar para determinar la existencia de violencia contra la mujer.
Entre ellos figuran antecedentes de control sobre la víctima, violencia psicológica o simbólica, conductas de posesión, aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad económica, física o social, así como antecedentes de violencia previos, hayan sido denunciados o no.
La normativa también reconoce condiciones especiales de vulnerabilidad relacionadas con discapacidad, dependencia económica, edad, pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes y otras circunstancias que puedan aumentar la indefensión de las víctimas.
Establecimiento de juzgados especializados
Otro de los cambios aprobados ordena a la Corte Suprema de Justicia la creación de órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional para conocer casos de femicidio, delitos relacionados y otras formas de violencia contra la mujer.
La Corte deberá emitir en un plazo máximo de 90 días hábiles la normativa que regule el funcionamiento de estos tribunales, así como la designación de juezas y personal auxiliar encargado de atender los procesos.
La diputada, Ariana Banegas, dijo: “Este es el comienzo de la ruta para erradicar los femicidios. Debemos igual aumentar el número de las Casas Refugio, para proteger a las mujeres que se deciden a denunciar”.
