El inicio de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, promovido por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, arrancó en Arizona pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O’odham, que sostiene que la iniciativa vulnera su soberanía.
La Nación Tohono O’odham considera que la nueva sección del muro pone en riesgo el medio ambiente y resulta superflua ante la caída del «95 %» en las detenciones migratorias en esa zona.
«Siempre hemos resguardado nuestra tierra y nuestra comunidad mucho antes de la creación de esta nación, y hoy seguimos sintiendo esa responsabilidad de custodiar la tierra», afirmó a EFE Verlon José, líder de ese territorio tribal, sobre el plan ‘Tucson 5’.
Durante décadas, este refugio indígena que comparte una porción de la frontera entre Arizona y México se ha opuesto a erigir una muralla física dentro de su territorio, pues sostiene que afectaría el tránsito de sus propios integrantes, muchos de los cuales residen a ambos lados de la frontera y la cruzan con frecuencia para participar en ceremonias religiosas, peregrinaciones o para visitar a familiares.
La comunidad también advierte que la construcción del muro podría arrasar sitios ceremoniales considerados como «sagrados» y cementerios ancestrales.
La demanda contra el proyecto ‘Tucson 5’
La Nación Tohono O’odham presentó una demanda contra la iniciativa, al sostener que la instalación de una barrera de doble capa de acero y concreto, de aproximadamente 9,1 metros de altura, vulnera su soberanía al modificar los límites de sus tierras; no obstante, en agosto pasado una jueza federal en Washington falló en contra de la tribu al concluir que no pudo demostrar que el Gobierno de Trump estuviera violando su soberanía.
La resolución se apoya en un decreto de 1907 emitido por el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que establece una franja de 18,3 metros de ancho a lo largo de la frontera con México, desde California hasta Nuevo México, catalogada como «terreno de uso federal» con el objetivo de combatir el narcotráfico.
Pocas semanas después de ese fallo, contratistas y agentes armados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llegaron de forma sorpresiva a finales de agosto al territorio tribal.
Edwin Rolando Amaya
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