Ecuador volvió a abrir una puerta que había cerrado con estrépito hace quince años, movido por la urgencia de enfrentar al narco. Ese giro, impensable en 2009, resume la tensión entre soberanía y seguridad que atraviesa al país andino. En el terreno, la prioridad es contener la violencia, y para eso Quito busca hoy un aliado con recursos, inteligencia y capacidad operativa.
De Manta al vacío de cooperación
Durante una década, la base de Manta fue un punto neurálgico de operaciones antidrogas de Estados Unidos en la región. El convenio firmado a fines de los noventa permitió vuelos de vigilancia y apoyo logístico contra el tráfico ilícito.
Con la llegada de Rafael Correa, el péndulo cambió de dirección y el acuerdo no fue renovado en 2009. “No habrá bases extranjeras en el país”, sentenció entonces el mandatario, elevando la bandera de la autonomía nacional. El desalojo cerró una etapa y abrió un período de distancia que marcó la política exterior de Quito.
Un país asediado por el crimen
El escenario interno, sin embargo, dio un vuelco dramático en la última década. Las rutas del Pacífico se volvieron un corredor crucial para la cocaína que sale de Colombia y Perú, y Ecuador emergió como eslabón logístico del crimen organizado.
Las tasas de homicidios se dispararon, las cárceles se militarizaron tras masacres sucesivas y el Estado quedó desbordado por bandas con alto poder de fuego. En enero de 2024, el ataque televisado a un canal de Guayaquil simbolizó la pérdida de control y empujó al gobierno a declarar un conflicto interno contra grupos armados. “El crimen transnacional nos toma como puerto y como mercado”, admiten en reservados pasillos oficiales, donde la consigna es recuperar la capacidad de respuesta.
El nuevo entendimiento con Washington
En ese contexto, Ecuador y Estados Unidos reactivaron una cooperación de seguridad más amplia, con acuerdos que facilitan el ingreso temporal de personal para entrenamiento, asesoría y operaciones conjuntas. La presencia se enfoca en patrullajes marítimos, apoyo a la interdicción, intercambio de inteligencia y capacitación técnica.
La Casa de Carondelet subraya que no se trata de reabrir una base permanente, sino de un andamiaje flexible para enfrentar a redes que operan a escala global. En paralelo, se fortalecen instalaciones ecuatorianas, como centros de interdicción en la costa y en Galápagos con apoyo logístico y equipos.
Según fuentes diplomáticas, el esquema contempla medidas concretas:
- Entrenamiento especializado, intercambio de inteligencia y asistencia técnica.
- Patrullajes combinados y apoyo a la interdicción marítima y aérea.
- Donaciones y préstamos de equipos, desde radares hasta embarcaciones.
- Mecanismos de ingreso temporal, con estatus y responsabilidades definidos.
“Hablamos de capacidades compartidas, no de propiedades compartidas”, resume un alto funcionario, que insiste en que toda operación se realiza bajo mando ecuatoriano.
¿Base por la puerta trasera?
El retorno de militares y agentes estadounidenses, aunque sea en misiones acotadas, reabrió un viejo debate. Organizaciones civiles alertan sobre espacios de impunidad y riesgo de dependencia estratégica, y piden reglas claras de transparencia y control parlamentario.
El gobierno responde que el andamiaje jurídico establece límites, enfatiza la naturaleza temporal y operativa, y asegura que no hay cesión de territorio ni mando. “La línea roja es la soberanía”, repiten en el Ejecutivo, que reivindica el aval institucional y el interés nacional. Entre tanto, juristas piden publicar anexos, detallar protocolos de uso de fuerza y precisar mecanismos de rendición de cuentas.
Resultados, riesgos y condiciones
La vara para medir el giro será doble: eficacia inmediata contra el narco y fortalecimiento sostenible de las capacidades del Estado. Indicadores como incautaciones, reducción de homicidios y control de puertos darán señales tempranas, pero el éxito de fondo exige reformas policiales, control penitenciario y lucha contra la corrupción.
Sin depurar mandos, mejorar inteligencia financiera y blindar aduanas, la cooperación se queda en parches. Además, el frente social importa: sin empleo juvenil, prevención y obras en las costas, las bandas seguirán reclutando y el territorio continuará siendo permeable. “La seguridad es una maratón, no un sprint”, recuerdan expertos, que piden una estrategia integral con metas, plazos y presupuesto.
Un péndulo que busca equilibrio
Ecuador intenta equilibrar principios y urgencias, reencuadrando su relación con Estados Unidos sin reeditar el formato de una base permanente. La apuesta es pragmática: cerrar brechas operativas ahora y ganar tiempo para reconstruir instituciones fracturadas.
Queda por ver si la cooperación acelera la recuperación del control territorial o si, por el contrario, ahonda tensiones políticas y jurídicas internas. En un corredor delictivo cada vez más sofisticado, el margen de error es mínimo y la presión sobre el Estado se mide día a día, puerto a puerto y barrio a barrio.
