La ONU denuncia una concentración extrema del poder en Nicaragua, de acuerdo con las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En el país centroamericano se ha observado un desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas, y la actual coyuntura es descrita como una situación “completamente indefendible”.
Lo esencial que debes conocer:
Un año de indagaciones
La declaración de fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos mediante un informe detallado que abarca el periodo entre junio de 2025 y junio de 2026.
El documento oficial describe la captura casi total de las instituciones públicas por parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), bajo la dirección de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el partido en el poder mantiene una hegemonía total al controlar el Poder Legislativo, las 153 alcaldías del país y los consejos regionales de la Costa Caribe.
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Un ejemplo de este dominio absoluto se observa en el Parlamento nicaragüense. Un análisis de 185 votaciones plenarias efectuadas entre junio de 2025 y mayo de 2026 reveló la ausencia total de votos en contra o abstenciones, incluso entre legisladores de agrupaciones políticas distintas a la coalición oficialista.
Paralelamente a este control parlamentario, la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime, en primera legislatura, una reforma constitucional que amplía el periodo presidencial de seis a siete años.
Esta enmienda habilita políticamente a quienes el régimen declare “traidores a la patria” y pospone las elecciones generales hasta 2028, cumpliendo la estrategia de Ortega de evitar que la oposición acceda a la administración del Estado.
Desapariciones y fallecimientos en Nicaragua
En el terreno de la represión, el informe sitúa las detenciones arbitrarias como el principal medio de intimidación usado por las autoridades. Se documentaron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro fallecimientos bajo custodia estatal, advirtiéndose que las cifras reales podrían ser mayores debido al miedo de las víctimas a represalias y a la falta de cooperación gubernamental.
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La persecución también ha devastado el tejido social y el trabajo periodístico. Con el cierre de cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación adicional en el último año, el total de entidades disueltas de forma arbitraria llega a 5,539, y los medios independientes clausurados ascienden a 56 en los últimos ocho años.
Ante este panorama, Türk ha lamentado que en el país “casi no queda nada por cerrar”, recordando que el deterioro institucional se aceleró de forma drástica tras la represión de las protestas sociales de 2018.
El informe concluye llamando a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática para exigir el restablecimiento de las garantías democráticas y de los derechos fundamentales en la nación.
