La Comisión Técnica Liquidadora comunicó este miércoles la detección de una nueva tanda de irregularidades en el proceso de revisión de activos y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, señalando anomalías en la compra, el registro y la utilización de equipos tecnológicos, así como en los gastos de combustible y servicios durante el periodo electoral.
El coordinador de la comisión, el abogado Ángel Antonio Mendoza, indicó que en estos momentos se está llevando a cabo un meticuloso proceso para identificar los activos que, habiendo sido adquiridos, no constan debidamente registrados en los sistemas institucionales.
Entre los hallazgos más destacados figura la compra masiva de computadoras sin una justificación evidente, detectándose casos en los que trabajadores disponían de equipo de escritorio y laptops asignados de forma simultánea.
Además, se halló un uso indebido de estos dispositivos fuera de las horas laborales con fines políticos. A ello se suma el alquiler de impresoras y el incremento de gastos en alimentación que no se vinculan a actividades oficiales, lo que alimenta sospechas de su posible utilización en actos ajenos a la función pública.
Otro de los puntos que ha llamado la atención es el incremento significativo en el consumo de combustible durante los meses previos y posteriores al proceso electoral, sin que exista una correlación con el uso de la flota institucional.
Las irregularidades se detectaron principalmente en áreas como la planificación estratégica y las unidades administrativas cruciales, donde se concentraba la ejecución de recursos. También en la Red Solidaria y Proasol.
El abogado Mendoza señaló que toda la información recopilada se está remitiendo a los órganos de control y al Ministerio Público, con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Además, se está llevando a cabo una auditoría integral para precisar qué procesos fueron pagados, cómo se ejecutaron y cuáles carecen de respaldo legal, los cuales no serán reconocidos para su pago.
La comisión también está avanzando en el cierre administrativo de procesos pendientes desde 2022, en coordinación con otras entidades estatales y organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que acompañan las pesquisas y podrían presentar denuncias formales.
