Honduras volverá a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de agosto venidero para responder por la implementación del juicio político en la destitución de altos cargos, en una audiencia que pondrá bajo escrutinio el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país.
La audiencia se convocó a petición de organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales sostienen que el Estado no ha acatado la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana, que ordenó reformar el sistema de juicio político para garantizar el debido proceso y salvaguardar la independencia institucional.
El caso se origina a partir de las destituciones del exfiscal general Johel Zelaya y del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, trámites que, según los denunciantes, se llevaron a cabo sin las garantías que exige el sistema interamericano.
La representación oficial del Estado hondureño ante la CIDH estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por el procurador Dagoberto Aspra, mientras que la canciller Mireya Agüero confirmó que el Gobierno expondrá sus argumentos ante la Comisión en Washington.
Organizaciones como el Conadeh y defensores de derechos humanos han advertido que Honduras continúa con varias reformas legales e institucionales pendientes, ordenadas por la Corte Interamericana, lo que podría derivar en nuevas responsabilidades internacionales si se verifica que persisten los incumplimientos.
Sin embargo, algunos juristas sostienen que el juicio político funciona como un mecanismo de control entre los poderes del Estado y no como un proceso judicial; por ello sostienen que la audiencia también podría definir el alcance de las obligaciones internacionales de Honduras y determinar si las acciones recientes se ajustan a los estándares del sistema interamericano.
