El tema vuelve una y otra vez porque el peligro nunca se ha ido. A lo largo de antiguos campos de tiro, entre lianas y manglares, quedan artefactos que no explotaron. Son vestigios de una presencia militar que terminó hace décadas, pero cuyo eco sigue activo bajo el suelo. “Es una herida abierta”, dicen vecinos que crecieron aprendiendo a evitar claros en la selva.
Herencia peligrosa en la selva del istmo
Durante el siglo XX, varios polígonos de entrenamiento funcionaron cerca de bases y rutas estratégicas del Canal. Allí se practicaron bombardeos con munición real y se probaron distintos tipos de armas. Muchas no detonaron y quedaron como UXO, sigla de municiones sin explotar, bajo capas de barro y hojarasca.
El clima tropical complica la limpieza. La vegetación crece veloz, oculta casquillos y detonadores, y desplaza señales colocadas por brigadas de desminado. En temporada de lluvias, las corrientes mueven suelos y dejan al descubierto piezas metálicas que parecen chatarra pero son trampas.
“Uno aprende a leer el terreno”, cuenta un guía comunitario de la costa atlántica. “Si hay fragmentos quemados o cráteres, no te metes, porque algo puede estar inestable”.
Tratados, promesas y vacíos
Con la transferencia del Canal a fines de 1999, se fijaron responsabilidades para remediar impactos. El compromiso hablaba de “mejores esfuerzos” y cooperación técnica, pero dejó espacios que hoy se disputan. Para Panamá, la obligación es clara: retirar los artefactos y devolver tierras seguras.
Han pasado más de dos décadas de notas diplomáticas, misiones técnicas y peritajes. Hubo zonas acotadas que se limpiaron, otras se cercaron con letreros oxidándose. Demasiado poco para comunidades que piden acceso pleno a bosques, ríos y playas.
Impacto humano y ambiental
El riesgo no es una abstracción. Pescadores han encontrado proyectiles en redes; brigadistas han debido cerrar senderos turísticos por hallazgos fortuitos. En bosques secundarios, un fuego mal apagado puede detonar cargas enterradas hace medio siglo.
La biodiversidad también paga un precio. Hay suelos con residuos de explosivos y metales pesados que alteran ciclos de agua y afectan cadenas alimentarias en manglares y estuarios. “No podemos hablar de conservación con bombas bajo el humus”, resume un activista ambiental del Caribe panameño.
Para familias rurales, el mapa del miedo recorta parcelas y frena proyectos productivos. Un terreno sin certidumbre no sirve de garantía, ni atrae inversión para ecoturismo o agricultura sostenible.
Lo que pide Panamá
Las autoridades han reiterado un pliego concreto de cooperación, con énfasis en cronogramas y financiamiento. Entre las solicitudes más repetidas figuran:
- Cartografía completa y actualizada de los polígonos, con capas de riesgo y ubicaciones probables.
- Equipos y transferencia tecnológica para detección en suelos minerales y selva densa.
- Fondos dedicados y un plan con metas auditables por organismos independientes.
- Programas de educación comunitaria y rutas de denuncia rápida ante hallazgos.
¿Qué dice Washington?
La respuesta suele apelar a la complejidad. Se menciona el relieve accidentado, la humedad, la corrosión de cascos y la falta de accesos estables. También se subraya que las operaciones históricas usaron distintos calibres y que no existe un inventario exhaustivo.
“Las condiciones del terreno aumentan el riesgo de cada extracción”, es el argumento que más se repite. Se ofrecen talleres, protocolos de señalización y cooperación focalizada, pero sin un calendario vinculante. Para la contraparte panameña, eso es insuficiente tras tantos años de espera.
Derecho, memoria y territorio
Más allá de lo técnico, hay un plano ético. Las comunidades piden reconocimiento del daño y garantías para usar plenamente sus tierras. La memoria colectiva recuerda accidentes silenciados, días de búsquedas suspendidas y alertas por detonaciones lejanas en la noche húmeda.
La discusión toca además modelos de seguridad y cooperación hemisférica en tiempos de clima extremo. Con huracanes más intensos, crece la posibilidad de deslizamientos que desentierren cargas. Prevenir hoy evita tragedias mañana, dicen los especialistas en riesgo.
Un camino posible
Expertos proponen fases claras: diagnóstico con sensores de última generación, priorización por riesgo humano y ambiental, brigadas mixtas con estándares internacionales, y verificación pública con datos abiertos. Nada de esto es barato, pero es más barato que una vida perdida o un ecosistema contaminado.
“Queremos bosques libres de explosivos”, resume una lideresa local. “No pedimos un favor, pedimos que se cumpla una responsabilidad”. Entre el ruido de la selva y el murmullo del mar, el país insiste: cerrar este capítulo exige voluntad, técnica y tiempo sostenido. Y, sobre todo, la decisión de poner la seguridad humana por delante del olvido.
