La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, formuló duras críticas frente a la crisis de sequía que azota a numerosos municipios de Honduras, señalando “negligencia política” y advirtiendo que las respuestas del Estado siguen siendo insuficientes ante un problema que, según su postura, tiene carácter estructural.
EL MENSAJE EN SU CUENTA DE X:
Un país sediento de respuestas
Gabriela Castellanos
Abogada
La tierra de Honduras vuelve a mostrar fisuras provocadas por la negligencia política. Mientras el calor abrasa los campos en más de setenta municipios del Corredor Seco, la crisis compromete la disponibilidad de agua para consumo humano y para el ganado. La respuesta oficial persiste como un abismo de promesas incumplidas y de medidas paliativas que apenas rascan la superficie de una crisis de carácter estructural y sistémico. Las declaraciones de emergencia y las alertas por sequía corren el riesgo de transformarse en un ritual burocrático: una formalidad que oculta la carencia de voluntad política para afrontar las causas profundas de un desastre anunciado.
¿Cuántas alertas rojas más deben encenderse antes de que el Estado asuma su responsabilidad histórica? La sequía en Honduras no puede explicarse solamente por la falta de lluvias o el cambio climático. También hay que mirar décadas de políticas extractivas, deforestación y un modelo de desarrollo que ha agudizado la vulnerabilidad de las comunidades campesinas e indígenas, condenándolas a un ciclo continuo de precariedad y dependencia.
La retórica oficial, cargada de preocupación y solidaridad, junto con protocolos de monitoreo y evaluación, se desdibuja ante la cruda realidad de familias que ven cómo sus cultivos de maíz y frijol, su principal medio de subsistencia, se desmoronan hasta convertirse en polvo. El agua, reconocida como un derecho humano fundamental, se transforma en un bien cada vez más escaso; en parte debido a monocultivos y proyectos extractivos que cuentan con la venia y la protección del Estado.
Año tras año, las mismas regiones sufren los embates de la falta de lluvias, agravados por el cambio climático. Sin embargo, la respuesta del gobierno continúa centrada en gestionar la emergencia a corto plazo, mediante la entrega de bolsas de comida que pueden aliviar la necesidad durante unos días, pero que no necesariamente significan una solución sostenible. Es como apagar fuegos sin sofocar el incendio estructural que devora al país.
Desde hace décadas, el poder político en Honduras, casi siempre cómplice de las élites económicas y de corporaciones transnacionales, ha mostrado una capacidad insuficiente —o una falta de interés— para implementar políticas públicas que enfrenten de manera integral la vulnerabilidad climática y sus efectos sociales. Se continúa apostando por un modelo que reproduce la desigualdad, sacrifica la seguridad alimentaria y dificulta el acceso al agua en nombre del “progreso” y la “competitividad”.
Es hora de enfrentarse a quienes manejan el poder y aparentan ignorar el sufrimiento de su propio pueblo. No podemos seguir aceptando la sequía como una fatalidad inevitable. Debemos cuestionar por qué los recursos destinados a infraestructura, prevención y mitigación no se traducen en soluciones para las comunidades más necesitadas. Debemos exigir transparencia en la gestión de esos recursos y asumir responsabilidades ante quienes destruyen el entorno y comprometen el porvenir de las próximas generaciones.
La lucha contra la sequía en este país es, fundamentalmente, una lucha política. El clamor de la tierra árida es también la voz de justicia de millones de hondureños y hondureñas que exigen vivir con dignidad en su propia tierra. No podemos permitir que ese grito sea silenciado por la indiferencia, los negocios del poder y una sequía que busca imponer más poder.
