Durante la exposición del informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), la comisionada presidenta, Ivonne Lizeth Ardón Andino, denunció que la protección asignada a los integrantes del pleno fue retirada antes de hacerse públicos los resultados.
Ardón Andino comentó que los funcionarios son conscientes de los riesgos inherentes a su función, sobre todo al divulgar información que podría derivar en sanciones o generar repercusiones económicas para ciertas personas.
“Como autoridades, sabemos de los riesgos, pero también estamos conscientes de que el Estado está obligado a otorgar la protección necesaria a sus servidores públicos cuando se va a presentar información que pueda imponer sanciones o provocar un perjuicio económico a determinadas personas”.
La comisionada presidenta expresó su inquietud ante las instrucciones que, según afirmó, habrían ordenado retirar la seguridad que tenía asignada el pleno de la UFTF.
“Por consiguiente, queremos dejar constancia de que este pleno se percibe amenazado por los mismos órganos del Estado que han dado instrucciones para retirar la protección que teníamos asignada”.
La denuncia se produjo al tiempo que la UFTF daba a conocer su informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas y fiscalización del financiamiento político.
