La defensa del general Roosevelt Hernández solicitó, mediante un escrito, el cambio de sede para la audiencia inicial que está programada para el 1 de septiembre de 2026 a las 8:30 am. Los defensores piden que dicha audiencia se lleve a cabo en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de este proceso concurren numerosas víctimas, partes procesales, abogados, representantes, funcionarios, medios de comunicación y otras personas que, por las particularidades del caso, podrían asistir a la audiencia. Esta realidad genera una necesidad clara de disponer de un recinto físico adecuado capaz de acoger a los distintos sujetos procesales sin entorpecer el desarrollo normal de la diligencia.
Por lo tanto, no se trata de una cuestión meramente vinculada a la comodidad o conveniencia de alguna de las partes, sino de una circunstancia que podría influir de forma directa en la eficacia del acto procesal y en el acceso a la justicia de quienes mantienen un interés legítimo en participar o presenciarlo.
Una audiencia inicial en la que se reúnan un número significativo de víctimas, representantes legales, defensores, fiscales, funcionarios y público en general exige condiciones materiales que aseguren la presencia de quienes legalmente deben intervenir y, al mismo tiempo, salvaguarden el orden y la seguridad tanto en el interior como en los exteriores de la sala.
