La Fiscalía General advirtió que las diligencias de juicio político llevadas a cabo en el Congreso Nacional podrían acarrear consecuencias penales en caso de que, durante su revisión, existan indicios de la comisión de delitos. La entidad añadió que la evaluación no se circunscribirá al plano político solamente.
El fiscal general Pablo Emilio Reyes señaló que los expedientes derivados de estas acciones serán evaluados bajo criterios de carácter técnico y jurídico.
“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, declaró, dejando entrever la posibilidad de indagaciones más profundas.
Estas declaraciones se producen en medio de una coyuntura de decisiones legislativas que han llevado a la salida de varias autoridades vinculadas al sistema electoral, aumentando la fricción entre los poderes del Estado.
Entre los perjudicados se encuentran exfuncionarios del sistema electoral, entre ellos el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán; el exconsejero del CNE Marlon Ochoa; así como suplentes como Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes formaron parte de recientes procesos de destitución.
La Fiscalía indicó que toda la información producida será objeto de revisión interna para establecer si hay elementos suficientes que justifiquen iniciar acciones penales, en un entorno político cada vez más polarizado en la nación.
